Cataluña. Radicalización y dependencia

Tal como exponía ayer en La Razón una nueva encuesta de NC Report, hemos alcanzado una situación de estancamiento político en Cataluña. Los secesionistas consiguen el respaldo del 46% del electorado, frente a los 43,6 que logran los “constitucionalistas” (PSC, PP, C’s y Vox), término engañoso desde que el PSC, y es de suponer que el PSOE, está dispuesto a reconocer a Cataluña como nación a cambio de que Sánchez pase unos meses más en la Moncloa.

Incluso sin esta última consideración, el estancamiento sería perverso. En el bloque secesionista, las tendencias se radicalizan con la subida de los anarquistas “anticapitalistas” de la CUP y la remontada de los seguidores de Puigdemont. Y en el “constitucionalista”, además de la deriva socialista, continúa el desplome de Ciudadanos, en su momento la única fuerza catalana no nacionalista, no compensado del todo por la subida de VOX y del PP.

El resultado previsible es una tensión sostenida en Cataluña, con espasmos de violencia física y una violencia sorda, permanente, expresada en desprecio y aislamiento e instalada en las instituciones y en la vida diaria de la sociedad. Como los secesionistas llevan la iniciativa, no tienen el menor incentivo para relajar la tensión. La nacionalización de Cataluña prevista en el famoso Programa 2000 ha entrado en una nueva fase. Ya no hay voluntad de incorporación bajo amenaza de exclusión. Hay un designio de expulsión, como en el País Vasco. El peor pronóstico para Cataluña.

Y como siempre ha ocurrido en la historia de España, la radicalización de Cataluña tendrá efectos devastadores en el conjunto de España. Antes el gobierno central dependía de los nacionalistas. Superada esta etapa, asombrosamente idealizada por una opinión carente de imaginación incluso cuando ha comprobado las consecuencias de aquellos dulces momentos, el gobierno central depende ahora de los secesionistas, sobre todo de los más rabiosos. Como es lógico, tampoco aquí estos tienen el menor interés en facilitar las cosas. Como lo que quieren es acabar con España –y lo han demostrado de sobra en los últimos años-, no hay ninguna razón para que faciliten un gobierno que no vaya en el sentido que desean.

Mientras las fuerzas nacionales, en particular el PSOE, no superen el síndrome de adicción al nacionalismo que padecen desde la Transición, la situación se irá agravando. No es fácil predecir el final de este “proceso”. Sí que acabará poniendo el riesgo el régimen constitucional del 78.

La Razón, 25-11-19