El «procés» al proceso
Como decía ayer Jesús Rivasés en estas páginas, del juicio del levantamiento secesionista quedará la sentencia. Ahora bien, a medida que pasan los días, cada vez van pesando más la precisión, la profesionalidad y la neutralidad de los técnicos y los funcionarios del Estado central frente al abrumador intento de politizar la causa que están protagonizando las defensas.
La tentación que las defensas no han evitado es intentar hacer un juicio a la democracia española, con el Estado y España como objetivos últimos. Se trataba, y todavía se trata, de demostrar que el juicio era una función amañada, una parodia de justicia, así como la intervención del Estado antes y durante el 1 de octubre estaba guiada por la voluntad de coacción, arbitraria, desproporcionada, ilegítima en los fines y en los medios.
Por eso el juicio en sí es tan relevante. Como ya sabemos, será un preludio al Tribunal Europeo, el único que los separatistas parecen respetar, aun cuando las instituciones europeas no tienen más respeto que el estrictamente necesario por las posiciones de los separatistas. Sobre todo, el juicio, de por sí, ya está demostrando la calidad de la Justicia española, su independencia y, por tanto, la solidez del Estado español.
Las defensas han mostrado su desacuerdo con algunas de las intervenciones del Tribunal, representado por un juez Marchena que es capaz de aunar cortesía, firmeza e ironía de buena ley. Ahora bien, estas manifestaciones, en vez de poner en duda el juicio, son más bien los momentos en los que coinciden los dos planos que están en juego: el técnico de lo judicial y el propagandístico de las defensas. Y para poner en relieve este último, lo mejor era dejar que el contraste entre uno y otro plano vaya aumentado a medida que transcurren los días.
En cuanto a los efectos políticos del juicio, su desarrollo no va a contribuir a desactivar las convicciones los nacionalistas y separatistas catalanes. Tampoco los va a atraer a la cusa democrática y constitucional. Y sin embargo, no va a ser tan perjudicial como se sospechó en un primer momento. Sale reforzada la percepción de que España es un Estado de derecho que ofrece a sus ciudadanos todas las garantías. En cambio, el objetivo de demostrar que la justicia española está politizada y manipulada está fracasando por momentos.
La Razón, 08-03-19
