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Declaración de Pedralbes. El final del “régimen del 78”

El documento distribuido por el Gobierno acerca de sus negociaciones con los separatistas catalanes, titulado Declaración de Pedralbes, presenta cuatro puntos fundamentales: 1) la creación de una mesa de partidos “estatales” que obvia al Parlamento y altera la correlación de fuerzas de las cámaras para la toma de decisiones que afectan al conjunto del Estado, 2) la figura del relator; 3) el reconocimiento de un “conflicto” en Cataluña, y 4) la dimensión bilateral de las negociaciones.

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Mesa de partidos “estatales”

El Gobierno central y la Generalidad de Cataluña establecen dos instrumentos de negociación. Una comisión “bilateral” de las dos instituciones. Y una mesa de partidos. La primera equipara al Gobierno con la Generalidad, con exclusión de los gobiernos de las demás Comunidades Autónomas. La segunda excluye a las Cortes, y muy en particular el Senado, que es la cámara de representación territorial, pero donde tiene mayoría absoluta el PP. Se da por supuesto que las Cortes aceptarán el resultado de las negociaciones. Tal vez el Gobierno piense que para entonces unas nuevas elecciones hayan variado en su favor la mayoría parlamentaria socialista. (Pedro Sánchez y su vicepresidenta creen en las encuestas del CIS de Tezanos).

Para tratar un asunto de máxima relevancia, como es una nueva organización del Estado, el gobierno de Pedro Sánchez y sus socios separatistas inventan por tanto instrumentos políticos al margen de los partidos y su representación en las Cortes: al margen por tanto de las instituciones y la Constitución. Desde el primer momento, da por sentado que el actual ordenamiento no sirve y se establece la ruptura como principio rector básico.

Relator

Según el Diccionario de Autoridades de la RAE, “relator” es aquel “que refiere o relata alguna cosa”, y corresponde al latín “narrator”. El Estado central deja por tanto en manos de una figura supuestamente neutra la elaboración del “relato” que fundamente el acuerdo del que va a salir una nueva configuración del propio Estado.

Ninguna de las dos partes tiene razón o, dicho de otro modo, las dos son igualmente respetables: la Constitución, el Estado de derecho, la Monarquía parlamentaria, la democracia liberal, el Estado autonómico, la Unión Europea… todo eso vale lo mismo que el argumento secesionista. El “relator” entroniza la figura de un árbitro por encima de las partes. Por eso mismo, legitima a la Generalidad en rebelión y desautoriza al Estado legítimo. En realidad, es la constatación del fracaso definitivo de los cuarenta años de esfuerzos por aplacar y atraer a los nacionalistas. El Estado se declara en quiebra.

Reconocimiento de un conflicto en Cataluña

No hay duda que existen diversos puntos de vista sobre Cataluña: desde aquellos que quieren acabar con el Estado de las Autonomías, y por tanto con el autogobierno, hasta los que desean lo mismo, pero por el lado de la secesión. La Constitución los permite todos, porque no es un texto militante. Por eso mismo, la discrepancia y la diferencia de criterios no entraña conflicto mientras los hechos –que no las ideas- no se salgan del cauce constitucional.

Reconocer la existencia de un “conflicto” es precisamente aceptar que la Constitución ha fallado a la hora de encauzar las discrepancias. Se entiende que lo hagan los secesionistas. Que lo haga el Gobierno central resulta asombroso, aunque deja ver bien cuál es el fondo del asunto: una reforma constitucional, fuera del marco legal establecido, que nos conduzca a una nueva Constitución. El Gobierno de Pedro Sánchez asume por tanto los presupuestos y los objetivos de la rebelión secesionista, lo que se ha llamado el “golpe de Estado”. El Gobierno de Pedro Sánchez también asume como lícita la violencia ejercida por los secesionistas. Si no, ¿a qué hablar de conflicto?

Dimensión bilateral de las negociaciones

La bilateralidad de las negociaciones significa la demostración de un hecho sobre el que hasta ahora cabía todavía algunas dudas. Y es que el Estado autonómico no tiene más sentido –al menos en la interpretación que le da el Gobierno de Pedro Sánchez- que el de una organización subordinada a la soberanía de Cataluña (y cuando llegue el momento, del País Vasco). Se dinamita así todo el esfuerzo por construir un Estado autonómico –o federal, si se prefiere- y queda reafirmado el significado del “federalismo” tal como lo entiende el PSOE, y sin duda el resto de la izquierda tradicional española: una organización del Estado en la que varias instituciones soberanas (la Generalidad y el Estado, en este caso) negocian como iguales.

Por supuesto, en el documento se habla mucho de Cataluña y muy poco de España. En vez de la “Constitución”, el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios secesionistas hablan de “seguridad jurídica”. No sabemos si cabe más inseguridad de la que abre este documento.

La Razón, 09-02-19

Foto: Palacio de Pedralbes, Barcelona

 

 

 

 

 

 

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JOSÉ MARÍA MARCO

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