Sánchez no tiene el menor interés en construir una mayoría social que respalde su proyecto. Es posible que lo tuviera en algún momento, al principio de su pacto con Podemos, pero desde entonces lo ha abandonado para asegurarse, simplemente, los votos de los secesionistas republicanos catalanes y de los filo terroristas vascos. Con eso y un adecuado manejo del PNV y de los demás grupos representantes de las oligarquías locales le basta para llegar al fin de la legislatura y dejar una huella imborrable en la historia de España. Como esta estrategia lleva a pactos muy difíciles de argumentar, no resulta particularmente popular. Y aunque gane, según los analistas, los debates en el Congreso, la inflación, los impuestos y la precariedad económica contribuyen a su descrédito. También han contribuido a apuntalar ante la opinión pública al nuevo líder del Partido Popular, con ese estilo sobrio y sin aspavientos que gusta a los españoles cuando se sienten inseguros. (Luego se olvidan del asunto.)
Las elecciones andaluzas señalaron el cambio de tendencia. Hasta hace poco tiempo, se pensaba que Feijóo, siguiendo una tendencia clásica del Partido Popular, se ceñiría a la gestión económica para aprovechar la tendencia. Lo ocurrido en las dos últimas semanas empieza a desmentir este diagnóstico. Feijóo se reúne con las víctimas del terrorismo y con Sociedad Civil Catalana, anuncia la derogación de la Ley de Memoria Democrática, la portavoz del PP arranca su intervención en el debate del estado de la Nación con un recuerdo (un poco demagógico, pero relevante por lo que significa) a Miguel Ángel Blanco… Se diría que en el Partido Popular de Feijóo se han dado cuenta que la estrategia de Sánchez requiere una respuesta que vaya más allá de lo puramente económico. De hecho, no es -ni, bien planteada, lo habría sido nunca – incompatible con la famosa “gestión”. Llevada a cabo con seriedad, contribuirá a consolidarla y le dará un sentido, que es -también- lo que la ciudadanía requiere ante un proyecto de desmantelamiento de la nación y del Estado actual sin el menor horizonte, más allá del esfuerzo de desintegración. Ese otro horizonte es lo que un partido de gobierno que quiera ser alternativa está en la obligación de ofrecer.
La Razón, 18-07-22
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