Ofensiva cultural progresista
La coalición gubernamental de Pedro Sánchez está compuesta por un PSOE podemizado pero limitado por las restricciones presupuestarias impuestas desde Bruselas, y por un Podemos antes revolucionario y ahora maniatado en puestos y ministerios con escaso margen de acción. Desde fuera, El gobierno cuenta con el apoyo de los nacionalistas: ERC, PNV y los filoetarras de Bildu, con intereses distintos pero reconciliables en el avance de sus respectivos procesos de nacionalización y consolidación nacional.
Un primer test para la solidez de este gobierno vendrá de la contrarreforma laboral. Es verosímil que no haya una vuelta al mercado de trabajo anterior a 2012, con su funcionamiento letal para el empleo. Habrá reajustes que devolverán cierto poder a los sindicatos y estrecharán el margen de autonomía de las empresas y de las empresas, con las consecuencias previsibles de disminución en el ritmo de creación de empleo. El gobierno lo compensará recurriendo a la retórica antiliberal, con algún brochazo grueso de antiglobalización, que retomará parte del discurso de los populistas. Libertad equivale a precariedad y ese es el legado que dejó el Partido Popular, más allá de las cifras sobre el aumento del empleo y la reducción de las desigualdades durante el mandato de Rajoy. En vista de las restricciones prácticas, se impondrá lo ideológico y lo propagandístico. Como en todo el resto, el relato y la narrativa prevalecen sobre la realidad.
Más aún lo harán en otros campos. El gobierno ha hecho del feminismo una bandera con la que encabezar las demandas que el progresismo ha ido suscitando desde antes de la manifestación del 8 de marzo de 2018. Va a continuar por tanto la ofensiva en cuanto a la paridad y se intensificará la legislación contra la llamada “violencia de género”. La cuestión del género desborda con mucho la aspiración a la igualdad y será el pretexto y el instrumento para una transformación social más profunda. Hasta ahora, la sociedad española ha gestionado sin demasiado dramatismo la oleada identitaria en la que estamos. El nuevo Gobierno la considera un asunto propio y se esforzará por generar nuevas lealtades y nuevos grupos de interés. Asistiremos a la apoteosis triunfal de la demagogia de la diversidad. Otra gran campaña se nos prepara en la cuestión ambiental, con dos vicepresidentes al mando de un cambio que afecta al conjunto de la sociedad y en la que la simpatía de los jóvenes está asegurada.
Como en el caso –mejor sería decir la “causa”- del género, aquí estamos abocados a una remoralización de la sociedad. Lo personal se ha hecho político, y el gobierno utilizará la moral como instrumento para justificar una intervención masiva en todos los ámbitos de la vida, incluidos los límites de esta (la eutanasia, por ejemplo), la caza y los toros. Un último apartado de este programa lo forma el laicismo, que dejará atrás, como una reliquia del pasado, la aconfesionalidad del Estado español. Con medidas restrictivas para la educación concertada, con algún toque anticlerical e invocando la separación de la Iglesia y el Estado, asistiremos a un intento de laicización no ya del Estado, sino de la sociedad.
La memoria histórica –otra vez el “relato”- volverá a ser una de las estrellas de la acción del nuevo gobierno El legado de Rodríguez Zapatero y el entusiasmo podemita por la memoria –“gasolina patriótica” según Pablo iglesias- coinciden en la común exaltación de la Segunda República y las luchas antifranquistas. El antifascismo y algunas intervenciones concretas, como las que se llevarán a cabo en el Valle de los Caídos, contribuirán a difuminar las diferencias entre los dos partidos. Atañen sin embargo a puntos fundamentales, como la revisión de la Transición, con la puesta en cuestión de la legitimidad de la democracia de nuestro país, y la Corona. Es posible que Sánchez y el PSOE no estén dispuestos a ir demasiado lejos contra el “régimen del 78”. Lo que es seguro es que no se va a hacer nada para explicar el significado y consolidar el prestigio de la Monarquía.
También padecerán otras instituciones del Estado. Con la colaboración activa de nacionalistas, independentistas y filoetarras, el gobierno social-podemita avanzará en la consolidación de una España plurinacional. Los avances estructurales están bloqueados por la escasa mayoría parlamentaria, insuficiente para la reforma de la Constitución. No importa, hay campo abierto en el terreno simbólico, fundamental en este punto, en las competencias y en la enseñanza, que quedará blindada ante cualquier intento de centralización. El objetivo es consolidar las diversas naciones que conforman el Estado español. Dado el fracaso del “procés” iniciado en 2012, es posible que la agenda independentista de los nacionalistas pase a segundo plano, como ha ocurrido ya en el País Vasco.
Eso no evitará, al contrario, la consolidación de comunidades nacionales de cultura homogénea o con aspiraciones a serlo, ajenas –y hostiles- a cualquier identidad nacional española, de la que a partir de ahora será posible, y lícito, prescindir. El experimento federalizante en el que vamos a entrar vendrá corroborado por el apoyo activo que el Gobierno prestará tanto a las agendas globales de la ONU como, sobre todo, a una Unión Europea más federal –que en este caso quiere decir más centralizada- y con menor margen de maniobra para los Gobiernos de las antiguas naciones europeas. Un programa de cambio lógico en un gobierno integrado por un partido –el PSOE- que pactó con la ETA la consolidación del nacionalismo y por otro que se manifiesta en favor de los presos etarras.
La Razón, 13-01-20
