El Gobierno no deja de hablar, cada vez que se le pone delante un micrófono, de la necesidad de diálogo, de pacto, de concordia. Ahora tiene una excelente ocasión de poner en práctica tantas buenas intenciones. El ingreso mínimo vital (IMV) da pie, efectivamente, a un ejercicio de aproximación entre gobierno y oposición como pocos ostros asuntos de la actualidad. En principio, hay un clima favorable a su implantación, sustentado en la aparente seriedad y la indudable sofisticación del trabajo realizado, al que habría que presentar, en su caso, alternativas serias y solventes. Y nadie rechaza por principio algún mecanismo de ayuda para aquellos que la pandemia ha puesto al borde de la supervivencia.
De lo que se trataría es de aprovechar esta disposición compartida para abrir un espacio de debate racional y, llegado el caso, de acuerdo. Uno de los primeros elementos de discusión podría ser la evaluación de hasta qué punto el ingreso mínimo vital puede o no desincentivar la búsqueda de trabajo y en su caso contribuir a aumentar el paro en un país como el nuestro, con castigado siempre por el desempleo. Es posible que aquí se insinuara un posible acuerdo entre el PSOE y el PP, además de algunos otros partidos, que sería bien recibido por la opinión. Otro punto que podría ser objeto de una discusión razonable y racional es el del solapamiento de estas ayudas con las ya existentes de las Comunidades Autónomas. Esto resulta más difícil, pero un acuerdo estatal sería percibido como una forma de apuntalar un liderazgo nacional que no vendría mal a ninguno de los dos partidos tradicionales, y tampoco a los demás, excluidos los nacionalistas. Otro elemento sería evaluar hasta dónde es sostenible, en virtud del déficit de la Seguridad Social y los gastos que vienen, el coste de una prestación estructural, como parece que va a ser esta.
Esto será lo más difícil de todo, porque Iglesias se encargó de aclarar en tono militante que estamos ante un nuevo derecho social, que Sánchez debe de soñar ya con “blindar” en su “nueva” Constitución. Es justamente eso lo que habría que evitar: proponer el IMV como algo indiscutible, ajeno a la discusión política, que se impone de por sí a la opinión y a la oposición. Esa es la mejor manera de no generar nunca el menor consenso. Pero hasta ahora es eso lo que se ha buscado.
La Razón, 02-06-20
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