La palabras del ministro José Luis Escrivá criticando el federalismo fiscal han soliviantado a unos y a otros. Al PSOE, porque el ministro ha puesto en duda toda la política autonómica en materia de impuestos. Sus declaraciones ponen en cuestión el sistema autonómico en asuntos de mayor calado que este y, lo que es aún peor, levanta suspicacias entre los socios secesionistas del gobierno. No estaría de más que alguien le preguntara en las Cortes a Escrivá qué piensa de los privilegios fiscales de las antiguas Provincias Vascongadas y de Navarra. Por su parte, tampoco el PP está contento porque el ministro Escrivá ha atacado lo que ha acabado por convertirse en uno de sus banderines de enganche, como es la bajada de impuestos. Así que nos encontramos con un ministro de querencias jacobinas y afición a los impuestos elevados: cuanto más elevados, mejor, de hecho.
El ministro debía haberse limitado a despotricar contras las grandes fortunas, los poderosos y, ya puestos, contra las eléctricas, los bancos y las cadenas de distribución. Pero quizás porque no se cree del todo la consigna de su jefe, Escrivá ha convertido en un gran elogio del Estado centralizado lo que iba a ser una aplicación más de la demagogia populista que Sánchez ha impuesto a su partido y a su gobierno. Los más entusiastas se han apresurado a preconizar las virtudes de la recentralización al super Estado “europeo” (¿de verdad es europeo algo así?), que no admitiría tampoco competencia fiscal entre países, como los Estados no deben aceptarla en el territorio de su competencia. No sabemos si eso contribuirá a su popularidad.
La respuesta del PP, en cambio, indica que el partido tiende a hacer suyos, e incluso a profundizar en los presupuestos sobre los que se asienta el Estado de las Autonomías. Es una opción respetable, claro está, y compartida por muchos ciudadanos que ven en la descentralización autonómica una forma de equilibrio ante las derivas ultra ideologizadas del Estado central, en este caso en materia fiscal. Está por ver, sin embargo, hasta qué punto una posición como esta no contribuye a reducir aún más la autoridad del Estado ante el nacionalismo y el secesionismo. Hay muchos argumentos a favor de la descentralización. También hay uno, y muy poderoso, que invita a la prudencia. No es otro que la virulencia del nacionalismo. Sobre todo después de que el proceso de secesión de Cataluña y todo lo ocurrido desde 2012 haya dejado bien claras las dificultades que tiene el Estado autonómico para controlar tensiones no ya centrífugas, sino anticonstitucionales y antiespañolas, como ocurre con la persecución del español.
Escrivá ha suscitado por tanto un debate de fondo. Evidentemente, está también el debate crucial acerca de la fiscalidad confiscatoria que sufren los ciudadanos y las empresas en nuestro país. Si el Gobierno central demostrase responsabilidad y sensibilidad social y económica, pondría en marcha políticas de contención del gasto y, en consecuencia, de reducción de impuestos. En tal caso, la cuestión presentaría un sesgo muy distinto. Lo tendría aún más si ese mismo Gobierno no se empeñara en hacer sistemáticamente, desde cualquier tribuna, demagogia populista para engañar a los ciudadanos. Ahora bien, incluso así, el “federalismo fiscal” del Partido Popular ganaría puntos si comprendiéramos cómo encaja en una estrategia destinada a hacer compatible las autonomías con la defensa de la unidad y de la nación.
La Razón, 22-09-22
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