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Hacienda federal

A estas alturas, tenemos la suficiente experiencia del Estado de las autonomías para saber con certeza cómo funcionan ciertas cuestiones. Sabemos que en las Comunidades Autónomas en las que existen partidos nacionalistas con capacidad para bloquear o desbloquear el poder central, se crean agujeros negros en los que el Estado no consigue entrar. En cuestiones de seguridad (y sin juzgar la solvencia del cuerpo de policía local), ni siquiera la intervención directa, como ocurrió antes del 1-O, logra que los Mossos empiecen a dejar de servir a los intereses nacionalistas. En la enseñanza, no se cumplen las sentencias de los tribunales y la llamada Alta Inspección no podrá aspirar nunca a cumplir su función. En Hacienda, es gracias a la Guardia Civil como nos vamos enterando de las desviaciones de fondos públicos a la financiación del proceso de independencia. Conocemos también la corrupción de buena parte de la clase política catalana, en particular la nacionalista llamada moderada, ante la que el resto de las fuerzas políticas ha mirado siempre hacia otro lado…

Así las cosas, apostar por una descentralización total de la Hacienda, como hace Miquel Iceta, resulta sorprendente. En vez de proponer más transparencia, mayor rendición de cuentas y más control, una Hacienda como esta blindaría la opacidad, muy en particular la de aquellas Comunidades con fuerzas nacionalistas.

De por sí, el modelo federal hacia el que tiende el PSC –y el PSOE, aunque esté por ver hasta qué punto esta propuesta puede ser aceptada por el resto del partido- es racional y aceptable. En nuestro país se olvida, sin embargo, que el modelo federal o federalista entraña también una autoridad central reforzada, con instrumentos –como la Hacienda, la seguridad, la defensa y la política exterior: habría que ver la enseñanza- claramente fijados y, lo más importante, lealtad hacia el proyecto común.

Esto último es lo que no se da en nuestro caso. No se da en los nacionalistas y en vista de la propuesta de Iceta, caben dudas de que se dé en el PSC. Sobre todo porque no se sabe si los socialistas la consideran necesaria ni si siguen pensando que el voluntarismo y las decisiones personales pueden sustituir a un diseño institucional que se base en la realidad de la sociedad española.

La Razón, 05-12-17

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JOSÉ MARÍA MARCO

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