Regeneración y regeneracionistas

El término “regeneración” se puso de moda en el lenguaje político a finales del siglo XIX, después de la derrota española en Cuba. Tenía un primer sentido, que era adecuar la administración a la sociedad. Los “regeneracionistas” tomaron nota que el sistema político de la Monarquía constitucional necesitaba un cambio profundo para adecuarse a la nueva realidad. De lo que estaban hablando era, en realidad, de la necesidad de democratizar el liberalismo, algo que intentaron hacer políticos como Antonio Maura, Canalejas y Eduardo Dato. El primero fue neutralizado por la izquierda, que no aceptaba que la democratización la realizaran los conservadores. Los otros dos fueron asesinados.

 

La democratización de la Monarquía constitucional encalló y los regeneracionistas elaboraron (ya lo venían haciendo de antes) otro tipo de propuesta. Ya no se trataba de adecuar el Estado a la sociedad. Se trataba de buscar una alternativa al sistema mismo. Los regeneracionistas pronto dijeron que la Monarquía constitucional estaba acabada, que lo estaba el parlamentarismo liberal e incluso la política. El regeneracionismo acabó sustentando el discurso antipolítico tan característico de la España del siglo XX. El cirujano de hierro de Costa fue encarnado, primero por Primo de Rivera y luego por Francisco Franco. En total, casi cincuenta años de negación de la política, es decir de negación de la libertad y la democracia.

Regeneración y regeneracionismo son la versión española del autoritarismo populista extendido por buena parte de Europa entre 1920 y 1940. En los demás países europeos eso está superado o es marginal. Aquí, no. Se diría que la “regeneración” sigue teniendo virtudes mágicas. Hay en esto una parte de pereza, de reflejo automático que permite no pensar demasiado en lo que se está diciendo. Hay otra cosa, además: y es que el término evoca una crisis parecida a la que vivió España entre 1909 y 1923.

Este uso lo hacen quienes están interesados en asimilar cualquier crisis política y económica a la gran crisis española de entonces. Lo que están sugiriendo, y más de una vez diciendo con claridad, es que el sistema democrático español ha dejado de funcionar, por lo que hay que proceder a una recomposición desde los cimientos: revisión constitucional, reformulación del papel de la Corona, nueva ley electoral, federalismo (o recentralización, en su caso), además de pactos sobre la educación, el empleo, etc… El abismo entre las instituciones y la sociedad sería tal que no habría forma de salvarlo si no se refunda el régimen.

Para muchos de estos entusiastas regeneracionistas, ninguna de estas propuestas es necesaria cuando gobierna la izquierda. Con el PSOE en el poder, no eran necesarios grandes pactos, ni nuevas leyes electorales, ni reformas constitucionales ni revisión de la Monarquía. El sistema sólo entra en crisis cuando gobierna el centro derecha. No hace falta explicar mucho más cuál es la intención del regeneracionismo y el mecanismo mental y moral que lo mueve: en nuestro país, sólo la izquierda puede gobernar.

Quienes, sin compartir este sesgo, participan de la movida regeneracionista deberían comprender el verdadero sentido de lo que están diciendo. La “regeneración” supone que el sistema democrático y liberal no sirve, que hay que proceder a desmontarlo porque la sociedad española necesita otro nuevo. En plena crisis económica, con órdagos como el de los nacionalistas catalanes, habría que empezar desde cero. Pues bien, el sistema democrático español no está en crisis. Con sólo evocar las cifras de participación en las últimas elecciones (en torno al 80%) se demuestra que eso no es así. En poco más de un año se han hecho más reformas, y en puntos más sensibles, que en muchos años de democracia. Nuestro país, como todos los europeos, necesita reformas serias. Ahora bien, no podemos seguir siendo el único país de Europa en el que, en cuanto gobierna el centro derecha o en cuanto se manifieste algún desacuerdo, lo único que se nos ocurre demolerlo todo. Demoler otra vez para construir ¿el qué?

La Razón, 11-02-13