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La Justicia contra la judeofobia

La Justicia de nuestro país no se limita a defender la legalidad y la Constitución en el caso del intento de secesión de los nacionalistas catalanes. También está interviniendo, y con gran claridad, en otro asunto de menos relevancia pública pero de trascendencia política y cultural.

Desde 2005, viene actuando globalmente el movimiento BDS (Boicot, Desinversión, Sanciones, según su nombre en castellano) que pretende presionar a las empresas, las instituciones y en general la sociedad entera para que cesen sus relaciones o sus inversiones en Israel. Los patrocinadores arguyen que Israel somete a los palestinos habitantes del país a un régimen idéntico al del apartheid practicado en Sudáfrica –en su día- con los ciudadanos negros.

No hace falta estar de acuerdo con la política israelí con respecto a los palestinos para entender que esa afirmación es ajena a la realidad, mucho más compleja y diversa. Los ciudadanos palestinos israelíes, por ejemplo, participan en la vida política y están representados en la Knesset –el Parlamento- como los demás, de cualquier origen o religión.

La llegada al poder municipal de Podemos y afines, muchas veces apoyados por el PSOE (partido que en su día estableció las relaciones diplomáticas entre Israel y nuestro país) ha traído una ola de adhesión al BDS por parte de varios ayuntamientos, algunos tan importantes como los de Santiago de Compostela, Cádiz o Gijón (también se ha sumado, para más ignominia, una Universidad, la Autónoma de Barcelona…).

Las instituciones -de todos- se manipulan para transformarlas en plataformas activistas. Se utilizan para conculcar derechos universales. Se exceden sus competencias al intervenir en las relaciones internacionales, que no les corresponden. Y acaban difundiendo, como en siglo XV o en los momentos más siniestros del XX, un mensaje de odio hacia los judíos, hermanos nuestros en la religión, así como en el patrimonio y el legado cultural, que conforma una de las raíces de nuestra nación.

Con buen tino, ACOM, una asociación española que vela por las buenas relaciones entre Israel y nuestro país, ha venido interponiendo querellas judiciales contra estas decisiones. Y afortunadamente, la Justicia le está dando la razón. Hay motivo para celebrarlo.

La Razón, 22-03-18

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JOSÉ MARÍA MARCO

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